JUICIO CONTRA LOS REPRESORES DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO

Aten Provincial — 2008-08-21T01:05:06Z

Se trata de un momento por demás esperado, luego de 25 años de finalizado uno de los gobiernos más nefastos y asesinos que hubo en nuestro país. Un momento que hoy deberíamos estar recordando, si no fuera por aquellas leyes de Obediencia Debida y Punto Final -las llamadas “leyes de impunidad”- que, en 1987 detuvieron todo un proceso de juzgamiento que ya habría finalizado y con los responsables de la masacre condenados y encerrados.

Hace dos años y medio se reabrieron las causas a los represores, y desde entonces se continuó con la investigación y la recolección de pruebas que se había detenido en 1987, para juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el país.

En la región, el Juzgado Federal de Neuquén retomó la tarea que en aquel entonces había comenzado el Juzgado Federal de Bahía Blanca y continuado el de General Roca, para llevar a juicio a los responsables de instrumentar el terrorismo de Estado en las provincias de Neuquén y Río Negro. Un juicio que finalmente comenzará en la primera quincena de agosto de este año, aunque en este primer tramo sólo llevará al banquillo de los acusados a ocho militares vinculados directamente con el secuestro y la aplicación de tormentos a diecisiete víctimas, de las cuales una de ellas aún se encuentra desaparecida.

Se trata de un juicio en el que se harán públicas muchas verdades ocultas hasta el momento, que quizá espante algunos fantasmas del pasado y que seguramente revivirá a tantos otros; un juicio necesario y por tantos años reclamado por toda una sociedad que clama y proclama castigo a los culpables.

Terrorismo en la región

Para poder entender el alcance de este juicio, es necesario detenerse un instante en trazar un cuadro del contexto en el que se desarrolló, en la región, el plan sistemático de aniquilación y represión ilegal que se estableció en toda la República Argentina con el alegado propósito de combatir la subversión.

Si bien el 24 de marzo de 1976 es recordado como el comienzo de dicho plan, es necesario situarse, cuanto menos, en octubre de 1975 cuando el gobierno de Isabel Martínez de Perón sancionó los denominados Decretos de Aniquilamiento (2770, 2771 y 2772), a través de los cuales se facultó a las Fuerzas Armadas para que asumieran el control de las operaciones para la represión y de aniquilación de la subversión. Es cierto que también sería necesario remitirse a 1973, cuando se produjo el surgimiento de la Triple A, pero para el caso interesa tener en cuenta que fue con los decretos de 1975 cuando se delegó a las Fuerzas Armadas, oficialmente, la “misión” de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los “elementos subversivos” (léase, de aquellos que no estuvieran de acuerdo con un sistema estatal de represión y sometimiento político, económico e ideológico).

Para la organización de tal cometido, el Ejército Argentino dictó la Directiva N°404/75 a través de la cual se dividió territorialmente al país en zonas de defensa, cuyos límites coincidían con los que demarcaban la jurisdicción de los Cuerpos de Ejército. De esta manera, el Comando de la Zona 5 dependía del 5° Cuerpo de Ejército y abarcaba las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y algunos partidos de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, cada Zona estaba dividida en Subzonas y, éstas últimas, a su vez, en Áreas. Así, esta región de la norpatagonia se hallaba bajo el control operacional del 5º Cuerpo de Ejército con sede en la ciudad de Bahía Blanca, y la provincia de Neuquén y la casi totalidad de la provincia de Río Negro conformaban la Subzona 5.2, cuya conducción estaba a cargo del Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña (VI BIM) con sede en Neuquén. Asimismo, el Área 5.2.1 comprendía la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y la unidad responsable de la misma fue el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 (BIC 181) con asiento en esta capital.

Aquí, precisamente, en el Area 521, fue donde se instaló y funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD) “La Escuelita”. Y, los casos de hombres y mujeres que por allí pasaron para ser torturados y -en muchos casos, desaparecidos- durante todo este período, son los que se investigaron -y aún investigan- como parte de este juicio que ya comienza.

La Escuelita

La Escuelita era la denominación que el personal militar y de las fuerzas de seguridad dieron al lugar de detención, tortura y exterminio que funcionó a unos 70 metros al sur del cerco perimetral que delimita el Batallón de Ingenieros en Construcciones 181. Tenía dos accesos: uno a través de una tranquera ubicada en los fondos del Batallón, lugar por el que se llevaba la comida, y el otro por la calle Chaco que estaba entre el Polo Club (hoy Hipermercado Jumbo) y el Batallón, por la que se podía llegar hasta el río. El nombre fue replicado del principal Centro Clandestino de Detención (CCD) de Bahía Blanca, el cual a su vez seguramente fue copiado del primer campo de este tipo, instaurado a principios de 1975 en el edificio de lo que había sido una escuela ubicada en una localidad cercana a la capital de la provincia de Tucumán, durante la primera fase del “Operativo Independencia”. Dicen también que su nombre se debe a que, en ese lugar, “enseñaban a hablar” a los detenidos...

El lugar constaba de dos edificaciones -que antiguamente habían servido como matadero, depósito y caballerizas del Ejército-, una principal, de mampostería -la que se ve en la foto que ilustra esta nota-, que es donde mantenían secuestradas a las víctimas, atadas de pies y manos a camas cuchetas, y un pequeño galpón de chapa, a unos 15 metros de ésta, donde se llevaban a cabo las sesiones de torturas. Según la Fiscalía Federal de Neuquén, el primer registro del uso de La Escuelita como lugar de torturas data de la noche del miércoles 8 de junio de 976, cuando luego de una serie de operativos de secuestro fueron trasladados allí Alicia Villaverde, Darío Altomaro, Lucio Espíndola, Susana Mujica y, posiblemente, Cecilia Vecchi. Al día siguiente, serían llevados allí Eduardo París, Alicia Pifarré y Alicia Figueiras. Desde entonces, y hasta que fuera desmantelada entre julio y septiembre de 1978, pasaron al menos 90 víctimas, de las cuales 32 permanecen desaparecidas, y una logró escapar.

El juicio

Más allá del beneplácito y la ansiedad con la que se espera el comienzo de este juicio, es necesario destacar que el grado de avance del proceso general de enjuiciamiento de los represores es bajo: transcurridos más de dos años y medio desde la reapertura de la causa, el Juez Antonio Labate elevó sólo un segmento de la causa a juicio, que incluye al 11,7 por ciento de las personas imputadas, todas ellas militares. En esa lista no hay miembros de las policías Federal y Provincia, ni agentes del Servicio Penitenciario Federal que actuaron también en los grupos de tareas, secuestros, sesiones de tortura, muerte y desaparición de hombres y mujeres durante la última dictadura. Hay además una gran cantidad de casos (73 de las 90 víctimas por las cuales se lleva adelante la causa) por los que recién la semana pasada se comenzó a imputar a los presuntos culpables, por un total de 32. Y, según se sospecha, quedan mucho más por sentar al banquillo de los acusados. Asimismo, es posible que este juicio que ya comienza promueva nuevas denuncias y se conozcan así nuevas voces que hasta hoy continúan calladas por miedo: son muchos los testimonios que hablan de hombres y mujeres de quienes aún nada se sabe, y es muy probable que el marco de un juicio de estas características haga surgir nuevas voces y nuevos rostros del anonimato impuesto por la dictadura militar.

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Aten Provincial — 2008-08-11T18:17:09Z

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